Nicaragua frente a los desafíos jurídicos de una economía con vocación mundial

MSc. Tatiana Vanessa González Rivera

Lugar de Procedencia: Nicaragua

 

 Licenciada en Derecho con mención en Derecho Económico por la Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua. Maestría en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Actualmente estudiante del Programa de Doctorado en Derecho y Globalización en la misma alma mater.

 

 

 

El complejo y multifacético fenómeno de la globalización hoy acoge una economía que ha burlado las fronteras nacionales; la plataforma de intercambios comerciales no sólo ha adquirido tintes internacionales sino que actualmente se comparte con nuevos sujetos –organismos internacionales, ONGs, organizaciones subestatales, empresas multinacionales – que desempeñan un papel tan protagónico como el del Estado mismo.

 

 Así, los instrumentos jurídicos matizados a su vez por tintes económicos, capaces de impulsar el anhelado desarrollo de un Estado en este contexto global, se pueden enmarcar en cualquier ámbito del Derecho. Max Weber, en Economía y Sociedad (1993) ya afirmaba que las acciones económicas influyeron parcialmente en la sistematización del Derecho y que los problemas económicos deben ser resueltos por medio de mecanismos legales.

 

Asistimos, entonces, a la reconfiguración de un Derecho Económico Internacional de la globalización, compuesto por toda una amalgama de normas tanto de orden público como privado cuya existencia es patrocinada sobremanera por importantes instituciones jurídico-económicas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la controvertida Organización Mundial del Comercio (OMC), y por supuesto, el escenario internacional abre también el telón a la actuación y creación normativa de organismos privados integrados por la imponente comunidad empresarial transnacional.

 

Y es que la denominada “economía sin fronteras”, presenta como índice relevante para el impulso del crecimiento económico, un irreversible intercambio de bienes y servicios entre dos o más países, regiones económicas, pero sobre todo personas físicas o jurídicas ubicadas en distintas partes del mundo; aludiendo así a transacciones a una escala mundial.

 

Todas las innovaciones tecnológicas presentes en los mercados actuales y que plantean a gobiernos y empresas desafíos no fáciles de abordar, ondean la bandera de un capitalismo que cumpliendo con la profecía de Karl Marx (2012: 15), plasmada hace poco más de siglo y medio en su Manifiesto Comunista, reflejan el proceso al que asistimos en la actualidad: la plena mundialización del capital, un mercado mundial que imprimió un gigantesco impulso al comercio.

 

Un sólido ordenamiento jurídico mercantil frente a las embestidas económicas globales

 

La innegable esencia económica del Derecho Mercantil, hoy internacional, le permite esgrimirse como una de las parcelas jurídicas con mayor dinamismo en este nuevo sistema económico caracterizado por la vocación de los Estados y sujetos nacionales a relacionarse económicamente con el exterior.

 

Por lo tanto, aún y cuando las economías nacionales siguen teniendo una existencia objetiva, paralelas a ellas se desenvuelve un círculo mundial cuya complejidad representa un desafío para los distintos países quienes deben determinar, tras la fallida fórmula neoliberal apegada al decálogo del Consenso de Washington, no sólo la estrategia de desarrollo adecuada así como los aliados económicos para entrar a ese ruedo internacional, obteniendo los mayores beneficios posibles, sino que necesitan también formular un marco económico jurídico nacional efectivo y distinguir de entre toda esa constelación de normas reguladoras de las transacciones económicas internacionales, que vagan en dicho contexto, aquellas que coincidan con la tradición jurídica- económica de la nación en cuestión.

 

Lo oportuno es valernos de los márgenes de maniobra que nos deja el sistema económico mundial, apoyándonos en un marco jurídico eficaz, moderno, armónico y que se renueve con la misma presteza con que el comercio internacional se desenvuelve en el entorno global; celeridad impulsada sobremanera por las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 

Nicaragua, uno de los pequeños países que integran el istmo centroamericano no está ajeno a esta hazaña, una búsqueda quijotesca hoy se pone de manifiesto para nuestra patria aquejada por circunstancias histórico- políticas que le han dificultado la reactivación de su economía de una manera sostenible, meta que se nubla aún más al recordar que seguimos siendo una de las economías más pobres de Latinoamérica. Por consiguiente, debemos “cruzar el río sintiendo las piedras bajo los pies” con mayor tenacidad que otros países, y ello implica una innegable revisión de la perspectiva jurídica mercantil tanto nacional como internacional; estableciendo así las normas de comportamiento de los actores económicos.

 

A pesar de nuestra extensión territorial de 120,339.54 Km2 y una población de 6.17 millones de habitantes (INIDE, 2014), Nicaragua también tiene un papel activo en cuanto a intercambios comerciales internacionales se refiere; basta con recordar que es miembro activo y fundador de la OMC desde 1995; posee varios Tratados de Libre Comercio vigentes; forma parte del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y actualmente, sin ánimos de adentrarnos demasiado en terrenos resbaladizos propios de esta temática tan debatida, no podemos obviar omitir el vulgarizado proyecto de Construcción del Canal Interoceánico; que más allá de volvernos parte de la discusión estéril entre quienes defienden o vilipendian el afamado proyecto; destacamos que al haber sido aprobado por la Ley 840 en 2013, sus repercusiones comerciales son innegables y se suman a la demanda jurídica de normas reguladoras adecuadas.

 

Las dos caras de un reto jurídico-económico

 

Las dos facetas de un plano económico deben estar cubiertas, por un lado, a nivel nacional se debe cuidar el mercado interno, teniéndolo como base y protegido con un conveniente armazón jurídico mercantil doméstico; en ese sentido, en un estudio anterior de Derecho comparado en el que nos permitíamos hacer una propuesta jurídica, inspirada en la legislación mexicana, para el nuevo Código de Comercio (González, 2012); mencionábamos que Nicaragua cuenta con un cuerpo normativo comercial totalmente rezagado, por supuesto, esa alarmante sintomatología jurídica está siendo atendida por el comité que tiene a su cargo el Proyecto de Modernización y Armonización del Derecho Mercantil en Nicaragua desde 2009, y si bien, comprendemos que es una ardua y vasta tarea, no asimilamos por qué la demora en su modernización y posterior aprobación por parte de la Asamblea Nacional; esta transformación económica, como ellos mismo le denominan, debe marchar al mismo paso que la apremiante realidad.

 

Es preocupante que la labor jurídica de actualización de un ámbito que se desenvuelve con tanta rapidez, propio de un tráfico jurídico comercial que no se detiene en su evolución, se elabore con tanto sosiego; intentamos que esa inquietud merme al amparamos en la esperanza de que se incluirán todos los cambios novedosos por vía de una real armonización de la materia como bien se ha divulgado, evitando que una vez aprobado el Código se tenga que acudir a una constante juridificación de nuevos supuestos que implique la aprobación de toda una serie de normas paralelas a dicho cuerpo normativo, hasta decantarnos por una dispersión nada propia del marco jurídico que sustenta en buena medida el sistema económico nacional.    .

 

Ahora bien, la otra faceta que representa también un desafío es el contemplar el mercado externo como relevante. Las integraciones regionales, como la centroamericana, no dejan de ser significativas como inductoras del desarrollo, sin embargo, el tiempo ha demostrado que el SICA, cada vez más lejano a Uniones como la europea, aún carece de estrategias y normativa jurídica regional que impulse el efectivo desarrollo. Aunado a ello, los bloques regionales desvanecen frente a la nueva dinámica del comercio mundial que marca una interrelación mucho más amplia.

 

Los agentes comerciales han forjado relaciones globales reguladas por un Derecho Mercantil Internacional, en donde la comunidad empresarial mundial cuenta con un peso decisivo para crear a la par de convenciones reguladoras del comercio otro importante pilar jurídico denominado moderna Lex Mercatoria (Ley del Comerciante), concebida como un conjunto de principios y reglas consuetudinarias amplias y uniformemente reconocidas, aplicadas a estas transacciones comerciales (Boaventura, 1998).

 

Estimamos que en Nicaragua existe un raquítico conocimiento y débil manejo jurídico- comercial de estos instrumentos integrados por leyes modelos, reglas como las usadas para la Interpretación de los Términos Comerciales (Incoterms), principios como los relacionados con la Contratación Internacional del Instituto para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), en fin, toda una serie de instrumentos que hoy poseen una observancia y aplicación mundial.

 

Pero, ¿acaso Nicaragua y sus agentes del comercio tienen acercamiento con este mare mágnum de instrumentos?, una respuesta afirmativa es la única que encuentra cabida para esta interrogante, no sólo por el papel activo de Nicaragua o cualquier otro país, por más pequeño que sea, en esta economía globalizada, sino que ya se han hecho propios varios de estos instrumentos como las leyes modelo en materia de Arbitraje Comercial o sobre Firma Electrónica; se han ratificado diversas Convenciones en materia comercial; permea el uso constante en la terminología comercial nicaragüense de los Incoterms; o el mismo Proyecto del nuevo Código de Comercio contempla tomar en cuenta los trabajos de estas organizaciones internacionales, en particular las referidas a insolvencia, transporte, negocios internacionales y comercio electrónico.

 

Sin embargo, reiteramos que esto sigue siendo reto ya que el actual desempeño comercial y jurídico nicaragüense carece en buena medida de este discernimiento internacional; bastaría con mencionar que al ingresar a la página del Centro de Exportaciones e Inversiones de Nicaragua (2015)  visualizamos como los Incoterms ni siquiera se hallan actualizados a la versión vigente que data desde 2010, la cual incorpora los últimos avances de la práctica comercial transnacional.

 

Vislumbrando la experiencia mexicana

 

México, en un momento dado también ha presentado un evidente rezago jurídico, enfrentándose al paradigma de economías globalizadas en el que las prácticas comerciales y financieras se realizan utilizando esquemas e instrumentos sumamente modernos (Castrillón y Luna, 2011) ; pero se ha tratado de superar esa desactualización mediante reformas constantes por medio de las cuales se han incorporado diversas leyes modelos a su actual Código de Comercio, así como la regulación de nuevas figuras y procedimientos orales en materia mercantil;  enfatizando que dicha materia es de orden federal aplicable a los 31 Estados y el Distrito Federal que integran la República, por ende, el reto es mayor.

 

Sin embargo, aprender de los tropiezos de países hermanos son también parte del aprendizaje, por lo tanto debemos evitar la situación de dispersión normativa ya comentada, pues el ordenamiento jurídico mexicano en un intento de actualización presenta una agravada descodificación mercantil.

 

Incorporar normas a la legislación interna sin una armonía y adecuada codificación tambalea el ordenamiento jurídico comercial, seísmo que se extiende a todo el sistema económico. Inclusive, tampoco se trata de caer en la apertura comercial, realizada de manera unilateral y abrupta que emprendió México, con negociaciones bilaterales, regionales y subregionales de tratados comerciales, hasta colocarlo en una posición tragicómica: en 2008 fue el país con mayor número de tratados comerciales en el mundo (Calva, Mercados e Inserción de México en el mundo, 2012), actualmente sólo superado por Chile.

 

Lo anterior, no se tradujo en un mejoramiento del nivel de vida del país azteca, pues en 1983 pasó a la política del laissez-faire, laissez-passer (dejar hacer, dejar pasar), bajo la mano invisible del Estado que lo condujo a una situación poco provechosa en materia económica.

 

Evidentemente, el experimento neoliberal atrapó en sus redes a muchos países, de hecho, dichas políticas que pugnaron por una desregularización y privatización, posaron bajo los reflectores del escenario nicaragüense con la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamorro y no estuvimos ajenos a las consecuencias negativas de la fórmula Reagan- Thatcher.

 

No obstante, una reminiscencia revolucionaria en México nos demuestra que  la puesta en práctica de la estrategia de “industrialización liderada por el Estado” les permitió experimentar una historia exitosa de desarrollo industrial durante casi medio siglo; parte de dicha estrategia “Cepalina” puede alzarse en un resurgimiento que promueva el cambio estructural de economías como la nicaragüense.

 

Conclusiones

 

Ciertamente, los desafíos de esta economía sin fronteras no sólo abarcan el ámbito jurídico, pero sin objeción alguna, entre las políticas de fomento económico sobresale la creación del marco legislativo e institucional indispensable para regular el sano funcionamiento de los mercados; el Derecho posee un papel esencial en la regulación de la actividad económica tanto nacional como internacional.

 

Estos desafíos apremian dados los inminentes cambios en la reconfiguración geoeconómica del mundo, en los que Nicaragua está moviendo piezas del tablero comercial internacional al permitir la presencia China en Latinoamérica con el Proyecto de Construcción del Canal Interoceánico, sin obviar los posibles acercamientos entre Cuba y Estados Unidos que han puesto a la expectativa a la comunidad internacional.

 

No olvidemos que tampoco implica allegarse de todos los instrumentos jurídicos, acuerdos o negociaciones comerciales que vagan en este contexto global; nuestra tradición jurídica y económica debe urdir los pasos para precisar en qué lado de la trinchera de los mercados debemos ubicarnos; para así renovar las premisas y acoger los nuevos paradigmas de la economía con vocación mundial, poniéndolos al servicio de nuestros intereses y necesidades.

 

Finalmente, consideramos que el cambio ineludible por el que clama incesantemente Nicaragua debe ser impulsado por la conciencia y lucha de aquellos que son capaces de tomar el pulso a la realidad en un anhelo de transformación; dejemos de ser recipientes de un trivial predicado que nos contempla siempre como un país subdesarrollado; nada impide que podamos ser parte de los “milagros económicos” registrados en la historia, como el caso de Corea del Sur, Taiwán y Japón que lograron cruzar el abismo que separa a los países menos adelantados de aquellos con altos ingresos; y más allá de un milagro lo que requerimos es la capacidad de acertar en la búsqueda de nuestro propio sendero hacia el desarrollo.

 

 

Referencias:

 

Boaventura, S. (1998). La globalización del Derecho: los nuevos caminos de la regulación y la emancipación. Bogotá: ILSA.

 

Calva, J. (2012). Mercados e Inserción de México en el mundo (Vol. III). México: Juan Pablos Editor.

 

Calva, J. (2012). Nueva Estrategia de Industrialización. México: Juan Pablo Editor.

 

Castrillón y Luna, V. (2011). Tratado de Derecho Mercantil. México: Porrúa.

 

Censos, I. N. (2014). Obtenido de http://www.inide.gob.ni/compendio/pdf/inec112.pdf

 

Centro de exportaciones e Inversiones en Nicaragua . (25 de enero de 2015). Obtenido de http://www.cei.org.ni/incoterms.php?lvl=17&lvl2=36

González, T. (2012). La Sociedad Anónima de Capital Variable, propuesta para su incorporación al Código de Comercio de Nicaragua. Alemania: Editorial Académica Española.

 

Marx, K., & Friedrich, A. (2012). El Manifiesto del Partido Comunista. México: Berbera.

 

Weber, M. (1993). Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. México: Fonde de Cultura Económica.