Flexibilidad laboral como estrategia de competitividad

MSc. Roberto Ivan Ruiz Soto

 

Lugar de Procedencia: México

 

Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), México. Estudiante del Programa de Doctorado en Derecho y Globalización en la División de Estudios Superiores de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, becario CONACYT.

 

 

Introducción

 

En esta investigación se ejerce un análisis en materia de trabajo, a partir de las reformas impulsadas en México en el 2012, tendientes a flexibilizar las relaciones laborales, los tipos de contratación y el abaratamiento del despido, así mismo, se vierte un comparativo en materia de derecho laboral en relación concreta a los tópicos referidos, abordando el estado de la cuestión en el ordenamiento legal de Nicaragua.

 

Contexto socioeconómico

 

Realizamos un comparativo respecto de las situaciones tanto económicas como sociales que enmarcan el contexto en ambos países (México-Nicaragua), para tener un panorama que permita entender mejor la realidad de los entes a comparar: En cuanto a la población, según reportes del Banco Mundial, México cuenta con 122 millones de personas, frente a un estimado de 6 millones en Nicaragua, reportando un producto interno bruto de 1,261 billones de dólares y 11,26 millones respectivamente (datos al 2013), por su parte, el INB per cápita es de 9,940 dólares en México y 1,790 en Nicaragua, clasificándonos dentro de los países en desarrollo.

 

Rumbo económico de México

 

El derecho social y el derecho del trabajo como especie, siguen la influencia del rumbo económico que decide tomarse, dejando sentir su influencia en el grado de intervención y protección por parte del Estado hacia los socialmente desprotegidos.

 

México pretendió llegar a un Estado de Bienestar caracterizado por la presencia del Estado en diferentes rubros; empero la crisis petrolera de los años 70’s, derivó en la crisis del Estado Benefactor, reflejándose de manera inmediata en la configuración Estatal, (Mendizábal G.  2013). Ya en 1980 se dejan sentir en el mundo las nuevas ideas político económicas –recicladas-, que serían impulsadas por Ronald Reagan en los Estados Unidos de América y Margaret Thatcher Reino Unido.

 

Por su parte nosotros como Estados Latinoamericanos navegamos muy a la deriva, solo bajo el impulso y condiciones que algunos organismos internacionales como el BM, y el FMI imponen. En efecto, desde la década de 1980 México comienza con el desmantelamiento del Estado, reduciéndolo a una mínima expresión, bajo las directrices del consenso de Washington, privatizando gran parte de la infraestructura del Estado como los ferrocarriles nacionales, teléfonos de México, la banca etc.; ciertamente en materia económica se siguen las mismas “recetas”; estrategias que una y otra vez han demostrado conducir al fracaso económico y que solo impactan en beneficio algunas familias del país.

 

El derecho obrero cimentado en las ideas de la revolución mexicana de 1910 se mantuvo casi intacto con una Ley Federal del Trabajo (en lo sucesivo LFT), creada en 1970 vigente hasta la actualidad con un alto grado de protección al trabajador frente al empleador, ley que privilegiaba el principio de estabilidad en el empleo.

 

La dinámica neoliberal como se dijo, comienza con el arribo de Tatcher y Reagan, quienes aplicaron “medidas correctivas”, (Ordoñez G. 2012), transformándose en directrices impuestas por los organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; a consecuencia de lo anterior América Latina y otros países que intentaban ser incluidos en los procesos de globalización e integración económica, se vieron forzados a desplegar una serie de cambios graduales que podrían resumirse en la reducción de la participación del Estado, propiciar la apertura y el comercio e inversión internacional; este programa implicó severos ajustes a las finanzas públicas, privatización de empresas públicas, liberación de precios, reducción, supresión de aranceles y barreras a la inversión extranjera.

 

Este paquete de modificaciones tratado por Williamson en 1990, quien lo empleó para describir lo sucedido en Latino América, pero que su uso se ha extendido mundialmente, lo denominó: “Consenso de Washington”. Cabe hacer mención en concordancia con el autor, que dichas medidas solo han logrado mayor pobreza, desigualdad y exclusión social.

 

México durante casi medio siglo, desde la presidencia de Lázaro Cárdenas, siguió la estrategia económica keynesiano-cepalina, o de industrialización liderada por el Estado, caracterizada por un intervencionismo gubernamental promotor del desarrollo económico, donde el PIB llegó a una tasa media del 6.1% anual; mediante políticas de pleno empleo, característica notable de las ideas de Keynes (Calva J. 2012).

 

Sin embargo, luego del arribo al poder de la tecnocracia neoliberal a partir del Presidente Miguel de la Madrid, el panorama fue muy diferente, así México se convirtió en un laboratorio de experimentación de los dogmas del consenso de Washington, sustentado en la fórmula de mínima intervención estatal como el camino hacia la prosperidad; los resultados, han sido más que desalentadores, escandalosos para la economía pues, en tres décadas de experimentación neo liberal, el PIB medio apenas creció a una tasa media del 2.2% anual entre 1983 y 2010; solo 14% en el lapso de una generación (Calva J. 2012).

 

Según la visión neoliberal, la liberación comercial y la reducción de la injerencia Estatal en la economía permitiría aprovechar las oportunidades que trae la globalización, favoreciendo asignaciones más eficientes de recursos productivos, con mayores tasas de crecimiento y bienestar, de este modo, la apertura comercial fue realizada en apenas cinco años; simultáneamente, el gobierno se dedicó a desmantelar los instrumentos de fomento económico general y sectorial, así los gobiernos neoliberales de México ejecutaron las prescripciones del consenso de Washington; tristemente ha resultado ser una fantasía.

 

En materia de trabajo ya en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se pretende reformar la LFT, última reminiscencia del Estado de Bienestar, distinguida hasta entonces por privilegiar la estabilidad en el empleo, y protectora de la clase trabajadora, a pesar de ser contenida en varias ocasiones en el congreso, el 1° de diciembre de 2012, es aprobada la reforma laboral en cuyos tópicos principales aparece la flexibilidad laboral como estrategia de desarrollo.

 

Flexibilidad laboral

 

Según Ibarra Cisneros y González Torres (2010) “la flexibilidad se relaciona con la necesidad de establecer medidas [para acabar con las rigideces tanto a] nivel micro y macroeconómico en las relaciones laborales.” Teóricamente, las prestaciones y beneficios en favor de los trabajadores desincentivan el empleo. Afirmación tan generalizada que es fácil comenzar a creer que es cierta, y bajo la cual oscilan las decisiones políticas de hoy.

 

Afirman que si “una economía [pretende] ser considerada flexible y creadora de una mayor cantidad de empleos debe reducir los beneficios otorgados a los beneficiados”. Como resultado, el despido en México se ha abaratado, en la medida en que se han impuesto topes a la generación de salarios vencidos en perjuicio de los trabajadores (salarios vencidos, computados de la fecha del despido al cumplimiento de la resolución).

 

Así mismo, sobre los contratos que por regla general se consideraban definitivos, mientras subsistiese la materia del trabajo, se han instrumentado modalidades de contratación, como la capacitación inicial, trabajo de temporada o a prueba, con lo que se legalizan los contratos de trabajo por tres meses.

 

Se legaliza la sub-contratación que habitualmente se emplea como fórmula para evitar o evadir responsabilidad laboral. En consecuencia la flexibilidad laboral se ha incrustado en la Ley laboral de manera negativa, y sus efectos, no han sido alentadores, pues solo han precarizado las relaciones laborales.

 

Análisis comparativo

 

La LFT de México establecía como modalidades el trabajo determinado o indeterminado; luego de la reforma el artículo 35 añadió diversas modalidades, a saber:

 

Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. (LFT)

 

De igual forma, en la Ley 185 de Nicaragua que data de 1996, (Código del Trabajo, en lo sucesivo CT), en su artículo 25, coincidentemente se verifica la clasificación observada en México antes de la reforma:

 

Artículo 25.-La relación de trabajo o contrato individual puede ser por tiempo determinado o indeterminado. (CT)

 

El numeral 26 del CT en idéntica situación a la LFT, dispone una presunción legal a falta de disposición expresa:

 

Artículo 26.- El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indeterminado… (CT)

 

Ahora bien, encontramos en la Ley 185 nuevamente coincidencia respecto de los periodos de prueba, al establecer lo siguiente:

 

Artículo 28.- En los contratos por tiempo indeterminado, las partes pueden convenir un período de prueba no mayor de treinta días durante el cual cualquiera de ellas podrá poner fin a la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad para las mismas. (CT)

 

En tanto que la LFT refiere en su artículo 39-A una dinámica similar, con una ampliación tratándose de puestos de dirección:

 

Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta ciento ochenta días, sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas.(LFT)

 

Así mismo entre las novedades de la reforma laboral mexicana se encuentra la contratación para capacitación inicial que se describe en el Artículo 39-B:

 

Artículo 39-B. Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial, aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado.

La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una duración máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. […] de no acreditar competencia el trabajador, a juicio del patrón… se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.

 

Si bien pareciere estimular la capacitación de los trabajadores al ingresar a un puesto de trabajo, lo cierto es que esta modalidad ya se venía desarrollando con la implementación de contratos de tres meses, que ante las condiciones de desempleo, no evitará que un trabajador sea despedido al terminar su periodo de capacitación, pues es unilateral, y habrá alguien más tocando la puerta para iniciar un nuevo contrato de capacitación inicial.

 

El abaratamiento del despido acontece pues la LFT determina una indemnización constitucional de 90 días de salario, similar al CT que prevé dicha indemnización entre uno y cinco meses. El monto de la indemnización no se modificó, pero sí se redujeron los salarios vencidos, que se generaban desde el despido hasta la ejecución del laudo, recibiendo el trabajador su indemnización más dos y tres años de salario que duraba el litigio. Hoy en día existe un tope máximo:

 

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, […] a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses…(LFT)

 

Ciertamente se reformó la LFT insertando un paquete de medidas que lejos de privilegiar y proteger los derechos de los trabajadores, se han limitado a precarizar el trabajo, flexibilizando las formas de contratación y disminuyendo el costo del despido para los empleadores; en el ánimo de crear clima favorable para la empresa extranjera; el panorama no es alentador. Estamos ciertos que las presiones internacionales y las recetas económicas impulsadas desde el Norte también inciden sobre Nicaragua, razón que nos invita compartir en este breve espacio el acontecer del derecho laboral de México, en el ánimo de difundir malas decisiones –a nuestro parecer-, que esperamos enciendan luces preventivas entre los nicaragüense y no se permita atraer la inversión extranjera a costa de los derechos de sus ciudadanos, y se proteja el derecho obrero.

 

Fuentes de investigación

• Banco Mundial. Datos por país o economía. Recuperado de:

• http://datos.bancomundial.org/pais

• Calva J. (Coord) (2012) Mercados e inserción de México en el mundo vol 3. México: Juan Pablos Editor Consejo Nacional de Universitarios.

• Ibarra, M. & González, A. (2010) La flexibilidad laboral como estrategia de competitividad y sus efectos sobre la economía, la empresa y el mercado de trabajo. México.

• Mendizábal, G. (2 Ed.). (2013). La seguridad social en México. México: Porrúa.

• Ordóñez G. (2012). Evolución, contrastes y tendencias actuales de los Estados de bienestar en las sociedades contemporáneas. En J. Calva (Coord). Derechos Sociales y desarrollo incluyente Vol. 12. México: Juan Pablos Editor Consejo Nacional de Universitarios.

• Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970.

• Ley No. 185, Aprobada el 5 de Septiembre de 1996, Publicada en La Gaceta No. 205 del 30 de Octubre de 1996.