“El Derecho Humano al Desarrollo y el trabajo presupuestario”

MSc. Roberto Martinez Regino

Lugar de Procedencia: México

 

Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Actualmente estudiante del Programa de Doctorado en Derecho y Globalización en la misma alma mater.

 

 

El estado de derecho es en sí mismo una estrategia del desarrollo, la esperanza de poder simplificar la política del desarrollo, una herramienta de distribución a través de métodos que fomenten esta última y asignar recursos económicos al uso más productivo y prometedor del desarrollo.

 

 Hoy en día, es común encontrar en las Constituciones políticas el reconocimiento de Derechos Humanos; derechos inherentes a las personas, protegidos y garantizados en ordenamientos jurídicos, cuya variante, México y Nicaragua, es la caracterización del bloque de constitucionalidad en materia de Derechos Humanos como “instrumento para interpretar, aplicar o desaplicar desde la Carta Fundamental las normas de carácter infraconstitucional” (Nogueira Alcalá, 2000), entre ellas tratados internacionales de Derechos Humanos.

 

 En esta diversidad de ordenamientos internacionales que ambos países han firmado y ratificado, se desprenden derechos y obligaciones, no solo para el propio Estado sino para las propias personas bajo el resguardo de aquel. Es en este acervo jurídico, donde el derecho humano al desarrollo — de acuerdo al artículo 1 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo— se concibe como la posibilidad de las personas y pueblos de participar en el desarrollo económico, social, cultural y político para efectivizar sus derechos fundamentales, su desarrollo y disfrute de este. De forma tal, que se ha creado un Índice de Desarrollo Humano (IDH) por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para evaluar el desarrollo de un país basado en tres esferas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, estar bien informado y tener un nivel de vida digno.

 

 Sin duda, el Estado se encuentra obligado a desplegar políticas públicas, “…instrumentos de administración o gestión gubernamental cuyo propósito es planear, programar y concretar acciones de gobierno” (Álvarez Ledezma, 2010), es decir, acciones en la que el propio Estado se propone resolver los problemas sociales donde el ser humano es el sujeto central del desarrollo, participante activo y beneficiario del mismo.

 

 Es en estas dos latitudes: México-Nicaragua, donde el presupuesto público —“…documento clave y un proceso esencial para manejar la riqueza financiera y de recursos de una sociedad” (Blyberg, El caso de la Asignación incorrecta: derechos economicos y sociales y el trabajo presupuestario, 2009)—, y en formas más específica, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y Presupuesto General de la Republica (PGR) respectivamente, se despliega como política pública que agrupa a un conjunto de instrumentos análogos concretos destinados a satisfacer el derecho antes referido, a través de la asignación de recursos económicos a diversos rubros con la intención no solo de brindar bienes y servicios sino de poner en las manos de quienes con su capacidad pueden acrecentar lo que se le ha proporcionado.

 

 En forma general, los procedimientos seguidos para la aprobación y ejecución del Presupuesto Público en ambos países son coincidentes, sin embargo, de las diversas diferencias comparativas entre ambos, merece vital atención la asignación de recursos, focalización y efectividad del gasto público (Medal, 2012), problemas actuales en distintos grados que requieren atención y pueden ser de utilidad de uno a otro país, para la distribución igualitaria de la riqueza de la sociedad, pues es el propio Estado al determinar el gasto público quien establece prioridades y el tipo de sociedad que construye.

 

Asignación de recursos

 

 Atendiendo a las necesidades que acontecen en México, por las personas, grupos vulnerables y necesidades de la sociedad, se asignan en forma anual recursos económicos hacia cada uno de ellos, de forma que atendiendo a prioridades serán proporcionadas las partidas presupuestales por la Honorable Cámara de Diputados, debido a que existe flexibilidad en el mismo Presupuesto de Egresos para aumentar o disminuir rubros que requieren pronta atención.

 

 Aunado a ello, se ha implementado el presupuesto con perspectiva de género a fin de “revisar el gasto público y la recaudación fiscal dando cuenta de las consecuencias e impacto diferenciado que esos tienen en hombres y mujeres” (Barajas Martinez, 2012), de forma que está regulada a través de normas secundarias —como es la ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, ley de planeación y ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria— con el fin de generar desarrollo con equidad y políticas de desarrollo de inclusión, esto es, oportunidades de utilización, control y beneficio de bienes y servicios en la sociedad.

 

 Existen retos que cumplir, como es a) que el presupuesto de egresos sea asignado atendiendo al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales, especiales e institucionales, b) otorgar naturaleza de ley al presupuesto; superando su carácter administrativo, y c) la coordinación del ejercicio del presupuesto entre los niveles de gobierno para el desarrollo socioeconómico del país.

 

 En forma similar, en nuestro país hermano de Nicaragua se atiende a las prioridades existentes en su entorno, sin embargo, es notorio la rigidez presupuestaria en rubros como el 6% en educación universitaria, el 4 % al Poder Judicial y el 10% a las municipalidades y las rentas con destino específico, esto hace difícil hacer ajustes ante posibles variaciones económicas, culturales, político o sociales y en consecuencia.

 

Innegablemente, en ambos países se requiere la unión de esfuerzos entre autoridades y ciudadanos en cada una de las etapas del gasto público de forma tal que las principales inquietudes se incorporen y prioricen, acercando al gobierno a la sociedad, a través de los presupuestos participativos, que con el tiempo puede derivar en el Presupuesto Basado por Resultados, es decir, “un instrumento flexible que permite modificar y mejorar de manera estructural las decisiones y medidas del proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto, haciendo énfasis en los resultados de los programas de gobierno” (Abedrop, 2010).

 

Focalización de recursos

 

 Como política pública el presupuesto público debe distribuir beneficios a toda la sociedad bajo el criterio universal, pero también en forma selectiva, al identificar grupos de población con ciertas necesidades que requieren cierta prioridad comparados con el resto de la sociedad, es decir, estos grupos destinatarios ya sea por alguna vulnerabilidad o por una situación de pobreza que los coloca en un riesgo social. De tal forma, que una estrategia de focalización implica “dirigir las acciones a una población o territorios definidos, con el fin de lograr la eficiencia en la gestión de recursos” (Hérnandez Franco, Orozco Corona, & Vázquez Báez, 2008).

 

 México ha sido pionero en programas focalizadas anti pobreza, seguramente podrá ser de utilidad para Nicaragua tal mecanismo al contar con recursos económicos limitados pero con la intención de obtener un mayor grado de bienestar.

 

Efectividad del gasto publico

 

 En ambos países, se requiere que las decisiones en materia presupuestaria estén basadas en el desempeño, esto deriva en incentivos e instituciones sólidas, para racionalizar los recursos económicos escasos y flexibilizar la ejecución así como la gestión presupuestaria. Aunado a ello, es importante mayor participación del Congreso y Asamblea respectivamente respecto a los informes de resultados y evaluaciones de los demás entes públicos.

 

 Frente a estos problemas comunes en el gasto público, una herramienta efectiva lo es el trabajo presupuestario en Derechos Humanos para la localización y documentación de desigualdades, como es: (Blyberg, 2009)

 

1. Transparencia en la elaboración de presupuestos

2. Elaboración participativa de presupuestos

3. Elaboración del presupuesto y derechos de las mujeres

4. Elaboración del presupuesto y derechos del niño

5. Trabajo presupuestario centrado en “Derechos Humanos” (opuesto al foco en aspectos “procesales”)

6. Los Derechos Humanos en los presupuestos

7. Políticas públicas macroeconómicas y derechos económicos sociales

 

 Es evidente la relación entre el Desarrollo Humano y la asignación en el gasto público, donde el primero permite generar indicadores del país y ayuda a la  toma de decisiones de políticas públicas, de tal forma que pueda ser eficiente el segundo al fomentar la equidad, políticas redistributivas y reasignación de prioridades.

 

 Hoy, México y Nicaragua, se encuentran en diversas posiciones respecto al IDH, el primero en el lugar 71 y el segundo en el 132 de ahí que los recursos que siempre serán limitados frente a las múltiples necesidades sociales sean canalizados hacia aspectos prioritarios en el PEF y PGR, que permitan el impulso de desarrollo del país considerando a la persona como eje central.

 

 El gasto público puede impulsar las oportunidades de vida de las personas, al crear un valor adicional en el Desarrollo Humano, pero se requiere de igualdad de oportunidades en sentido vertical —al tratar de manera diferente a los diferentes—  y en sentido horizontal —al tratar de igual forma a los iguales—.

 

 Como se puede apreciar, el PEF y el PGR, debe permitir la participación ciudadana en su diseño cumpliendo un perfil de Derechos Humanos que satisfaga las necesidades de la sociedad.

 

 Actualmente en México, se discute la posibilidad de acudir a sede judicial ante la violación de Derechos Humanos por el PEF, como es el de desarrollo humano, al no generar equidad horizontal o vertical, mucho menos respetar la progresividad que caracterizan a los Derechos Humanos reconocidos por el actual bloque de constitucionalidad. Iniciando así, un fenómeno de exigibilidad de Derechos Humanos con una clara vinculación con el PEF, que ya acontece en diversos países como es Argentina, Brasil, Colombia, Sudáfrica, India, Estados Unidos, entre otros, caracterizándose el poder judicial por impulsar políticas públicas.

 

 No obstante ello, el carácter administrativo que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación en México le ha otorgado al PEF hace imposible su impugnación a través de medios como es la acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional, no así en tratándose de juicio de amparo, que ha tenido éxito en diversos asuntos.

 

 Esta situación es susceptible de acontecer en Nicaragua, al identificar el justificable, la necesidad de contar con igualdad de oportunidades y cuando el PGR no cumple con la atención de grupos vulnerables o necesidades apremiantes. Si bien cada país tiene su propio contexto, es posible se pueda interponer contra el PGR el recurso por inconstitucionalidad o el de amparo por ser contraria a la Constitución Política de Nicaragua y por ser violatoria de Derechos Humanos.

 

 Con lo anterior se advierte, que si bien el diseño y aprobación del PEF y PGR está a cargo de entes públicas, estas deben cumplir tal deber otorgándole al gasto público un perfil de Derechos Humanos, con una adecuada política distributiva a fin de satisfacer los derechos de las personas entre ellos, el Derecho Humano al desarrollo. Esto es así, pues en la actualidad el desarrollo de un país ya no solo debe establecerse de acuerdo a su crecimiento económico, sino a través del desarrollo que puedan alcanzar las personas insertas en su país respectivo. En consecuencia, si los órganos del Estado no proporcionan medios para satisfacer el Derecho Humano antes referido, existen instituciones jurídicas que permiten su salvaguarda.

 

Conclusiones:

 

1. México y Nicaragua, se encuentran viviendo bajo un bloque de constitucionalidad de Derechos Humanos, que permite que el propio Estado deba cumplir con su obligación de fomentar el desarrollo humano.

2. El Estado a través de políticas públicas como es el PEF y PGR debe fomentar el desarrollo de las personas a través de una justa distribución de la riqueza de su país en un sentido vertical y horizontal.

3. A pesar de las latitudes de ambos países, el gasto público requiere la atención en mayor o menor grado en la asignación de recursos, focalización y efectividad.

4. Pese a las posiciones existentes en el IDH ambos países con el trabajo presupuestario en materia de Derechos Humanos, pueden alcanzar no solo crecimiento económico sino desarrollo humano; como uno de los objetivos que motivaron la creación del propio Estado.

5. El derecho humano al desarrollo debe ser impulsado a través del gasto público, con participación ciudadana, tanto en el diseño, aprobación y ejecución y solo en el supuesto de no ser así, será el propio poder judicial, quien deba resolver el conflicto de inconstitucionalidad por ser violatorio de Derechos Humanos o por ser contrario a la Constitución Política.

 

 

Referencias:

 

Abedrop, E. (2010). Presupuesto Basado en Resultados. ¿Por qué en México gastamos sin obtener resultados? México: Iexe.

 

Álvarez Ledezma, M. I. (2010). Derechos Humanos y Politicas Públicas. En A. Rossi, & L. E. Zavala, Politicas Públicas y Derechos Humanos en México (pág. 121). México: ITESM.

 

Barajas Martinez, G. (2012). Presupuestos públicos con enfoque de género en México:avances, obstaculos y perspectivas. Gestion y estrategia, 88.

 

Blyberg, A. (2009). El caso de la asignación incorrecta: derechos economicos y sociales y el trabajo presupuestario. Sur, 137.

 

Blyberg, A. (2009). El caso de la Asignación incorrecta: derechos economicos y sociales y el trabajo presupuestario. Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, 150.

 

Hérnandez Franco, D., Orozco Corona, M., & Vázquez Báez, S. (2008). Métodos de focalización en la politica social en México. Economia Méxicana, 102.

 

Medal, D. J. (2012). Hacia un presupuesto público para promover el desarrollo de Nicaragua. Funides, XV-40.

 

Nogueira Alcalá, H. (11 de Julio de 2000). Las constituciones y los tratados en materia de Derechos Humanos: America Latina y China. Ius et Praxis, 244.